El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha deportado recientemente a cerca de 300 presuntos miembros de las bandas criminales Tren de Aragua y Mara Salvatrucha (MS-13) a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía dichas deportaciones. Estas acciones se llevaron a cabo invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa rara vez utilizada en la historia del país. ​

Las deportaciones han generado una fuerte polémica legal y humanitaria. Familiares de los deportados, en su mayoría venezolanos, han expresado desesperación y preocupación por la falta de información sobre el paradero y las condiciones de sus seres queridos. Además, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estas acciones y las condiciones en las que se encuentran los deportados en El Salvador. ​

Por otro lado, la Casa Blanca ha defendido la legalidad de las deportaciones, argumentando que se actuó dentro del marco de la ley y que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, el juez federal James Boasberg ha cuestionado la decisión del gobierno de continuar con las deportaciones a pesar de su orden de detenerlas, lo que ha generado un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial en Estados Unidos. ​

Este video analiza en profundidad las implicaciones legales y humanitarias de estas deportaciones, así como las reacciones de los distintos actores involucrados en este complejo escenario internacional.​

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